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El Dr. Santos Octavio Esparza Villalobos, abogado defensor de indígenas de 61 años de
edad residente en la localidad de Bagua, Provincia de Utcubamba en la
Región Amazonas, que actualmente asume la defensa de 4 indígenas
procesados por los sucesos ocurridos en la zona de Bagua el 5 de junio de
2009, ha sido Juez de Paz de la
Ciudad de Chachapoyas, Juez suplente Penal de Bagua y, entre los años
2001 y 2002, se ha desempeñado como asesor de la Dirección Regional de
Saludo de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 1 de
septiembre de 2009, el Dr. Santos Octavio Esparza Villalobos fue acusado
de “entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”, conforme al
artículo 283[2] del Código Penal.
Se le imputa el haber participado, junto con otros dirigentes de los
gremios de construcción civil y los maestros organizados en el Sindicato
Único de Trabajadores de la Educación (SUTEP), en el bloqueo de la
carretera “Puente La Quebrada”[3]
el 26 de mayo de 2009, en apoyo al paro que las organizaciones indígenas
realizaban desde el 9 de abril de 2009. El 26 de mayo de 2009, el Dr. Esparza Villalobos fue
convocado por los dirigentes allí reunidos para emprender una mediación
con los policías presentes quienes intentaban impedir el bloqueo. La
intervención del Dr. Esparza Villalobos permitió que se entablara un
diálogo entre los dirigentes indígenas y las autoridades, lo que además
contribuyó a que no se produjeran detenciones. No obstante, el Fiscal de Bagua interpuso su denuncia, la
cual ha recibido el amparo del Juez de la misma localidad. Éste último ha
dictado un “auto apertorio de instrucción”, al considerar al Dr. Esparza
Villalobos como responsable del bloqueo. El Observatorio condena el hostigamiento judicial contra el
Dr. Santos Octavio Esparza Villalobos y teme que el mismo venga motivado
por sus actividades de defensa de los derechos humanos. El Observatorio
reitera también su condena de la criminalización de los dirigentes
indígenas y de aquellos que aseguran su defensa legal y vuelve a advertir
que, además de ser ilegítima y contraria al derecho internacional y
regional de derechos humanos, la criminalización entorpece los procesos y
esfuerzos de diálogo realizados. ACCION SOLICITADA: Favor dirigirse a las autoridades de Perú urgiéndolas a:
DIRECCIONES:
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de
Perú en sus respectivos países. PLEASE ACT NOW. |
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